lunes, agosto 13, 2007

INDICE

(Edición de hoy: 3,440 palabras)

Ayudemos a los Niños con Cáncer
Pensamiento. Khalil Gibran
Filosofía. Caso Práctico a la Luz de la Ética Política
Editorial. Señor Presidente, Mande a Derogar la Ley Antiterrorista
Más Peligrosos que Al Qaeda
Pero Seguirán Emigrando
Arturo Zablah y la Nueva Alianza de Izquierda
Temblores en el Parlamento
Comentarios


Hoy es el primer día del resto de mi vida







AYUDEMOS A LOS NIÑOS CON CÁNCER

AYÚDAME A VIVIR, es una organización conducida por personas altruistas que se dedican enteramente a la atención de niños que padecen de cáncer. Su dedicación y trabajo es admirable. Creo que ustedes, después de visitar el vínculo que aparece arriba, estarán de acuerdo que AYÚDAME A VIVIR es la institución más apropiada para recibir nuestros donativos.

Hacer su donativo (mínimo $10) es fácil. Si usted vive en El Salvador, basta acercarse a una agencia del Scotiabank y depositar su contribución a la cuenta “ERNESTO RIVAS GALLONT, CUENTA NIÑOS CON CÁNCER”.

Si vive en el extranjero, la transferencia debe enviarse al Scotiabank, San Salvador, El Salvador, de la siguiente manera: Banco Intermediario JP MORGAN CHASE BANK N.Y / ABA 021000021 / Cuenta de Beneficiario, ERNESTO RIVAS GALLONT, CUENTA NIÑOS CON CÁNCER” / Cuenta No. 001058632 / Teléfono del beneficiario (503) 2257-2655 / Email,
netorivas@gmail.com



PENSAMIENTO DEL DÍA

“Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños”.

Khalil Gibran (1883-1931) Poeta, pintor, novelista y ensayista libanés


LA ESQUINA DEL LUNES DE LA FILOSOFÍA

Continúo la trascripción del excelente trabajo del Lic. Jaime Vargas Flores, “Pensamiento filosófico de la ética política”. Recomiendo sinceramente su lectura y les sugiero que lo compartan con sus amistades políticas. Porque enseña mucho

CASO PRÁCTICO A LA LUZ DE LA ÉTICA POLÍTICA

1) Panorama Social

Las características y fenómenos con los que abrió este nuevo siglo en nuestro país pueden observarse como el resultado directo e indirecto de factores políticos, económicos y culturales que en su interrelación le han asignado un sello particular. Actualmente se han dado importantes avances en materia de ciencia y tecnología, principalmente en procesos de comunicación, pero uno de los rasgos distintivos es la efervescencia respecto a los derechos humanos y al mismo tiempo la preocupación sobre los valores que han de prevalecer y ejercer los mexicanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Éste es creo, el crisol que también una demanda y un síntoma que se obtiene en la apertura del siglo XXI en México.

En este sentido, es significativo por ejemplo, que el tema de los derechos humanos haya alcanzado en el ámbito internacional una preponderancia única y adquirido un lenguaje propio y asequible para todos. Si por un lado se puede afirmar que la globalización puso su toque final, por el otro, es cierto que experimentamos en México como en el mundo una crisis en torno a los procesos de integración e inclusión. Carlos Monsiváis considera que "si la globalización a fin de cuentas excluye, por lo menos difunde un lenguaje internacional". Es aquí donde la globalización le da la posibilidad a fenómenos sociales como la lucha por los derechos humanos de ganarse un sitio en la discusión y demanda de las sociedades humanas y al mismo tiempo de difundirse mundialmente.

México que atraviesa -en lo socio-político- por la necesidad de definir su camino de transición a la democracia, se ha enfrentado a los obstáculos y resistencias, quizás naturales, que manifiestan al respecto tanto el sistema de partidos como por quienes ejercen el poder en el país. La cuestión aquí sería delimitar y resolver cuatro aspectos: 1) cuánto va a durar esta resistencia; 2) cuál va a ser el costo social; 3) si existe alguna alternativa a mediano o largo plazo para evitar en lo futuro la repetición del actual clima socio-político; y 4) qué y cómo aprovechar la creciente y dinámica participación de la sociedad civil. Si es verdad que parte de los grandes cambios en la historia de México han estado enmarcados por movimientos armados y la violencia que éstos conllevan, es cierto también que nuestra nación como otras en el mundo, ha dado preferencia a sus distintos poderes e instituciones federales como signo de civilidad en el momento de solucionar sus conflictos. No obstante, en este retrato de inicios de siglo, quizás debido a la apabullante demografía, estas fórmulas y estrategias en la resolución de nuestros problemas o no se aplican cabalmente, no funcionan como debieran o deberían sumárseles otros recursos para obtener mejores resultados.

Así la reflexión nacional es si el ejercicio y consolidación de la convivencia democrática en el México contemporáneo es cuestión de tiempo o aprendizaje; y si hemos sido capaces de educar a los jóvenes de este siglo con los valores de la democracia. En este marco es importante señalar que el sistema de partidos ha tenido que sortear muchas dificultades en su meta por ofrecer una cultura democrática a los ciudadanos, simpatizantes y militantes. Así como ésta, otras instituciones políticas y sociales del país se enfrentan a un gran reto: educar para la democracia.

Quizás el problema más evidente, aunque parezca obvio, reside en los adultos que dirigen (dirigimos) actualmente el país. A la fecha, los funcionarios y dirigentes nacionales denotan añejos vicios, casi irreversibles de sanear cuando se abordan las interrogantes políticas y sociales. Años de practicar los mismos comportamientos y formas de pensar que dan la falsa apariencia de estar tan arraigadas como inherentes al sistema político mexicano. Así planteado resulta que no sólo se hace referencia a un proceso electoral y al sufragio. Sino primordialmente a un conjunto de habilidades y valores que deben existir como requisito previo a una estructura política sana.

Próxima semana: 2) Educación y Democracia


EDITORIAL

SEÑOR PRESIDENTE, MANDE A DEROGAR LA LEY ANTITERRORISTA

El Presidente Saca heredó de su predecesor la Mano Dura; él la endureció más y la llamo la Mano Super Dura. La idea detrás del rimbombante nombre era tranquilizar a la población, asegurándole que la Mano Super Dura terminaría con la violencia en el país. Eso no ocurrió.

La prensa más importante del país, respaldó, con entusiasmo, la iniciativa del presidente, pero el desencanto provocado, con el tiempo, por las lúgubres estadísticas sirvió de catalizador, a grado que ahora casi nadie, aun en círculos oficiales, habla de la Mano Super Dura.

Poco después del segundo aniversario del mandato del Presidente Saca, ocurrió la infortunada manifestación estudiantil del 5 de julio de 2006, que terminó en los asesinatos de dos agentes de la PNC.

De allí surgió la idea de promulgar una ley que, sin decirlo, vendría a sustituir o fortalecer la Mano Super Dura. La “Ley Especial Contra Actos de Terrorismo”, decretada el 21 de septiembre de 2006, daba una nueva definición al término “terrorista”, que nada tenía que ver con el terrorismo en Nueva York, Madrid y Londres, que había causado caos en los países que lo sufrieron y una guerra en Irak.

Atacar a una nación sin provocación alguna, como en los casos citados, viola directamente la constitución de las Naciones Unidas. Se trata de crímenes internacionales.

La administración del Presidente Saca se valió de los infortunados sucesos del 5 de julio para redefinir el término “terrorista”. La Ley Antiterrorista salvadoreño, nada tenía que ver con el terrorismo como hasta antes de su promulgación lo entendíamos. Pero los eventos de ese día, le dieron a Saca una oportunidad espectacular que él aprovecho de inmediato.

El presidente se cobijó en la cacofonía de la indignación y confusión del 5 de julio, para promover su legislación, cuya intención, similar a la Mano Super Dura era acabar con la violencia.

Una vez promulgada la ley, el Presidente Saca se sentía seguro que se aplicaría enérgicamente y que los acusados de cometer actos de terrorismo serían condenados a severas penas, como lo estable la ley, servirían de escarmiento y la violencia desaparecería. Había nacido la guerra contra el terrorismo en El Salvador.

Pero pronto vendría Suchitoto. Un grupo de desafectos sociales, atacó con alevosía y piedras una caravana de vehículos oficiales, diplomáticos y particulares, que se dirigía a Suchitoto a un acto oficial que Saca presidiría.

Los ataques injustificados, por cierto, dieron pié a acusaciones de terrorismo igualmente injustificadas, que causaron protestas e indignación que rebasaron nuestras fronteras. El gobierno no tuvo más recurso que revocar las acusaciones y eventualmente poner en libertad a los 14 individuos que habían sido acusados.

Viendo derrotado el propósito de la ley, el gobierno envió a la Asamblea Legislativa, una propuesta de enmienda a los Códigos Penal y Procesal Penal, que aumentan considerablemente las penas por causas semejantes a lo ocurrido en Suchitoto, pero menores a las que dispone la ley Antiterrorista.

Las reformas a los códigos no han sido aprobadas aun y hay quienes opinan que con ellas lo que se pretende es trasladar de forma corregida y aumentada la Ley Antiterrorista, lo que se traduce en una pena ilegítima y con imputados sin derecho a juicio.

Ha quedado plenamente comprobado, que esa ley de marras no funciona y lo que hoy procede es su derogatoria. Con ello, lejos de sufrir una derrota, el gobierno reconocerá un error y reconocer errores ennoblece, aunque usted no lo crea señor presidente.

Las manifestaciones políticas, donde el ciudadano ejerce su legítimo derecho de expresar su opinión, deben ocurrir dentro de un marco de civilidad. La destrucción de propiedad ajena, sea esta pública o privada, no tiene justificación alguna y debe impedirse. Aquellos culpables de infringir estas disposiciones deben recibir un merecido, pero apropiado, castigo.


COMENTANDO LA NOTICIA

“MÁS PELIGROSOS QUE AL QAEDA”

Visitando el Blog de Tim (Tim’s Blog) me encontré un documental de British network Sky One que publicó el 9 de agosto, sobre las pandillas y la violencia en El Salvador, producido y narrado por Ross Kemp, de Londres, muy realista, aunque con algunos toques de Hollywood, pero que el final de cuentas muestra la terrible realidad a la que estamos sometidos.

Golpea fuerte la introducción del productor, cuando dice que en un país con una población menor que la de Londres, hay 11 asesinatos diarios.

El documental dura 45 minutos, pero vale la pena tomarse el tiempo y verlo en su integridad. Se refiere, sobre todo a la rivalidad entre pandillas y las lúgubres consecuencias. Rencores y venganzas resultan en el intolerable número de muertes violentas que diariamente vemos en nuestro país.

Muy al comienzo, aparece un titular que es el que he usado en esta entrada, “Más Peligrosos que Al Qaeda”. Cuando lo leí me golpeó como pedrada en la frente. ¿Será posible que alguien, seriamente, opine que las maras en El Salvador son más peligrosas que el grupo terrorista más temido en toda la historia del terror? Francamente, creo que la afirmación es exagerada, y alguien puede alegar, con razón que esto le resta credibilidad al documental. Pero, el mensaje está allí. Las maras salvadoreñas son una amenaza para la paz social del país.

A lo largo del documental, se repite varias veces, lo que autoridades en Estado Unidos han dicho: que “la MS 13 es la pandilla más peligrosa del mundo”. El documental, obviamente, es en inglés, pero hay bastante diálogo entre el productor y miembros de las pandillas, que hablan un lenguaje muy de ellos, gangoso, entrecortado y deslizándose de una frase a otra. Espeluzna su tranquilidad al hablar de “matar” y hasta una joven bonita, en rehabilitación, reconoce que ella también ha asesinado.

Pasados unos 25 minutos del documental, Kemp incluye una entrevista con Leonel Gómez, reconocido analista, experto, desde hace muchos años, en delatar, sin tapujos, actos criminales. En esta ocasión, si bien Leonel habla de las pandillas, se concentra más en el tráfico de drogas por territorio salvadoreño. Y, como es su costumbre, lo hace con tranquilidad, pero, sobre todo, credibilidad.

El problema parece no tener solución y al ver muestras gráficas como esta, hay que reconocer la necesidad de aplicar las leyes con toda rigidez, pero sobre todo, reforzar a las autoridades de seguridad para que protejan a la población.

El problema no es solo nuestro. Las pandillas son una amenaza internacional. Han invadido las sociedades de varios países, principalmente Estados Unidos, donde parece estar el semillero que abastece estos peligrosos grupos, hacia el sur: México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Por alguna razón, inexplicable por cierto, Nicaragua y Costa Rica han escapado, hasta ahora, de este flagelo social.


PERO SEGUIRÁN EMIGRANDO

El viernes, después de un mes del fracaso de aprobar la reforma migratoria en el Senado de Estados Unidos, el Presidente Bush tomó medidas para, restringir más la inmigración de personas indocumentadas, fortificando la seguridad fronteriza y presionando a los empleadores para que despidan a los trabajadores indocumentados.

La mayoría de las 26 medidas adoptadas que son expansión de la política actual, incluyen multas por emplear a personas indocumentadas, racionalizar los programas actuales de trabajadores temporales, reforzar un sistema electrónico para que los empleadores puedan verificar la condición migratoria de los empleados, y agregar 590 kilómetros al muro fronterizo y agregar 1,700 patrulleros de la frontera, hasta llegar a 18,300.

Naturalmente, estas medidas acarrean un costo político significativo. Como ya hemos hablado en este espacio, la migración es ya y será aun más un tema de mucha importancia y gran sensibilidad en la campaña política de Estados Unidos. Todos las asociaciones que agrupan a latinoamericanos, están haciendo llamados para que sus miembros, al votar, tomen en cuenta la posición que los Representantes de sus distritos y Senadores de sus estados, en materia de inmigración. Esto puede afectar los resultados, mayormente a favor de los Demócratas, quienes se supone son más tolerantes de la situación de los ilegales en su país.

El Presidente Bush, quien fue, talvez, el más persistente promotor de la reforma migratoria, se ha visto obligado a tomar estas medidas restrictivas adicionales por la sensibilidad política que el tema tiene y trató de balancear su posición con un comunicado que emitió al sancionar las nuevas medidas: “. . . A pesar que el Congreso no ha podido actuar para componer nuestro caduco sistema migratorio, aprobando una legislación comprensiva, mi administración continuará tomando todas las medidas necesarias para mejorar el progreso que hemos hecho en el fortalecimiento de nuestras fronteras, hacer cumplir nuestra legislación laboral, mantener nuestra economía bien abastecida de trabajadores vitales y ayudar a los nuevos ‘americanos’ a aprender inglés”.

¿Tendrán las nuevas medidas algún efecto restrictivo en el flujo emigratorio de nuestro país? Es probable que al principio ocurra una pequeña disminución, mientras los conductores (coyotes) encuentren nuevas maneras para introducir a sus “cliente” a territorio norteamericano. Sin embargo, las medidas que más pueden afectar a los inmigrantes ilegales, son las dificultades que tendrán que superar para obtener trabajo. En esta área, más que en la frontera, Estados Unidos puede lograr una disminución sensible de los flujos migratorios.


ARTURO ZABLAH Y LA NUEVA ALIANZA DE IZQUIERDA

La prensa local está publicando paralelamente dos noticias concomitantes: la alianza FMLN, FDR y CD por un lado y las declaraciones del Ing. Arturo Zablah sobre su decisión de buscar una candidatura presidencial consensuada, la que Zablah estaría dispuesto ayudar a formar en una “alianza de la sociedad civil”.

Zablah ha venido sosteniendo reuniones con grupos, políticos, empresariales, sociales, etc., con el propósito de medir la aceptación y más bien las posibilidades de victoria que una opción política que proyecte una “nueva izquierda” más social demócrata que “chavista” o “efemelenista”, puedan tener.

El empresario, presidente de Industrias Capri, ministro de economía de Alfredo Cristiani y presidente de CEPA durante el período presidencial de Armando Calderón Sol, dice que no ha tenido reuniones con el FMLN y que “a muchos de sus directivos ni siquiera los conoce”. Sin embargo, “su nombre, que se ha ventilado en la dirección del FMLN desde que Schafik Hándal preparaba su propia candidatura, sigue flotando entre las opciones de la oposición”.

La alianza de que Zablah habla es una alianza de la sociedad civil, y de algunos partidos políticos alrededor de una plataforma de gobierno y de un equipo de trabajo, cuyo propósito sería “iniciar el proceso de apartar al partido actual en el gobierno” y permitir la conformación de una nueva opción que pueda comenzar a solucionar los problemas del país.

Por supuesto, todo esto pasa por una reestructuración de fondo de los planes del FMLN, incluyendo la revisión de su fórmula presidencial. Esto no es nada fácil, pero es más fácil que ponerse de acuerdo en una alianza como la que plantea Zablah, que podría implicar una revisión de la estructura no solo política, sino también ideológica del Frente.

No hay duda que la propuesta de Zablah es inteligente. Esto lo confirma la aparente decisión del FDR y de CD de construir una alianza de izquierda, moldeada a imagen de la ONU (Unión Nacional Opositora) que en la década de los años 70 unió a la Democracia Cristiana y al PCS y que ganó dos contiendas electorales, triunfos que le fueron arrebatados por el sistema castrense en control de la política nacional de entonces.

Estas alianzas “de oportunidad” son comunes, sobre todo en Europa y, con frecuencia, son también exitosas, como lo fueron aquí en aquel entonces.

ARENA ha dicho que la alianza de izquierda la tiene sin cuidado. Creo que esa fue una manifestación hecha muy a la ligera. Es, en todo caso, recomendable que revisen su estrategia, porque amenazan vientos huracanados. Sin embargo, el presidente de COENA Antonio Saca, dijo el sábado que “Cualquier candidato que corra por el FMLN va a representar un plan marxista, comunista y estatizante”. Preludio del tema central de la campaña arenera.


TEMBLORES EN EL PARLAMENTO

La bobería “verdewil” de restituir el fuero a los alcaldes, se les ha revertido como un boomerang. ARENA está considerando proponer que se revise la inmunidad parlamentaria, para adaptarla a las normas del caso, aplicables en sociedades éticas y avanzadas. Es decir, la inmunidad parlamentaria debe proteger a aquellos miembros de un parlamento y, por extensión, a funcionarios de primera jerarquía del Órgano Ejecutivo, de sus actos en el desempeño de su cargo. Y nada más.

Este privilegio es cosa seria. El artículo 236 de la Constitución Política, excluye a los diputados, al igual que al presidente y varios otros funcionarios de primer orden, de la justicia común y los somete a su propia jurisdicción hegemónica. Sin embargo, la Constitución no cobija el abuso del derecho.

La inmunidad parlamentaria tiene su origen en el Derecho Constitucional inglés y francés; la libertad de palabra y el "freedom from arrest" (excepción de prisión por deudas) vienen del primero, y la inmunidad en los procesos penales del segundo. Actualmente se explica en la independencia funcional de los Órganos del Estado y se puede definir como los derechos, prerrogativas e inmunidades que el derecho constitucional ha reconocido en favor de las asambleas legislativas con el propósito de preservar la libre expresión de su voluntad y facilitar el cabal cumplimiento de sus deberes. Por lo tanto, su fundamento es funcional y no personal; protege la función que desempeña el sujeto y no al sujeto mismo.

Sin duda, el tema de inmunidad parlamentaria es controversial, especialmente en el contexto de escándalos de corrupción, borracheras, estupro y morbos similares incurridos por políticos protegidos. Los ciudadanos resentimos este mecanismo protector, que otorga privilegios especiales a personas que no tienen que responder por sus actos. La inmunidad que protege a funcionarios contra investigación y persecución criminal, es cosa mala y resulta de flagrante corrupción.

Si bien el principio de “Inmunidad Parlamentaria”, como comúnmente se le conoce, es universal, para proteger a los funcionarios de primera línea de juicios civiles o criminales, que tengan un evidente objetivo político, como fue el proceso, frustrado gracias a Dios, del “Loco Duarte”, en nuestro caso es la fuente de una aberrante corrupción y los privilegiados por ella, se sienten exentos de cualquier acto criminal, sea éste, manejar sin licencia o borracho, usurpar el derecho de vía de la línea férrea, o hacer escándalo público. Eso es, simplemente, prostituir el objetivo generalmente reconocido del privilegio de funcionario honesto y, su alcance y de ninguna manera puede ser absoluto.

Se puede afirmar que, en El Salvador, existe un vacío en relación con la inmunidad parlamentaria, pues hasta el momento el tema ha sido poco tratado por los estudiosos del derecho y en especial del derecho constitucional.

Pero ahora, el Presidente Saca, en un arranque de valentía y honestidad, ha respaldado la propuesta de los diputados de su partido, en el sentido de que se despoje del fuero a los diputados y ha ido más allá al manifestar que él propondría que se incluya a los ministros y otros funcionarios (supongo que a él mismo) que actualmente goza de inmunidad.

La moción de diputados de ARENA, que aun no es formal, pudo haber sido un “sombrerazo político”, como haciendo chiste de la moción “verdewil”; pero ahora el presidente de la República ha tomado la bola y ha hecho suya la iniciativa.

Ojalá que la cosa no quede como simple iniciativa. La propuesta implica una reforma constitucional, aprobada por simple mayoría en el congreso actual y ratificada por voto calificado por la próxima legislatura. Pero, moción como esta, si el Presidente Saca se lo propone, tendría el voto unánime de todos los partidos, con la excepción del PCN, cuyos diputados se han visto protegidos en más de una ocasión por esta aberrante inmunidad y el PDC padre putativo de la iniciativa de Wil Salgado.

Hasta mañana, si Dios quiere.

Comentarios

2 comentarios:

Anónimo dijo...

del centro de estudios juridicos:
"El mes pasado, el Gobierno falló en su intento de que la Asamblea Legislativa reformara el Código Penal, aumentando la pena al delito de “desórdenes públicos” (Art. 348 Pn.). La propuesta era cambiar el nombre a la figura, denominándola “atentados contra la paz pública” y aumentar su sanción hasta la desproporcionada pena de diez años de prisión. La Asamblea ha demostrado una prudencia que debería mantener.
Nuestras autoridades administrativas, en cambio, parecen cometer el mismo error una y otra vez, creyendo que los problemas sociales desaparecerán con la emisión de una nueva ley. No es algo nuevo, sino que es un error en que han incurrido muchos de nuestros gobiernos en el pasado, por lo que debería haber producido una lección aprendida. En cambio, vemos que se repite continuamente.
Cuando el Órgano Ejecutivo presentó a la Asamblea el proyecto “Ley especial contra actos de terrorismo”, a través de esta columna advertimos que, aunque tipificaba actos que podían calificarse como terroristas, también incluía actos que no podían considerarse como tales ni sancionarse con las exageradas penas que imponía, salvo en una sociedad represiva y antidemocrática (y en efecto, cuando se discutía el proyecto, un vocero gubernamental trató de desarmar a la oposición señalando que era una copia de la ley cubana de la materia). No fuimos los únicos que hicimos tal advertencia, también la hicieron la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, FUSADES, etcétera.
No se escucharon las advertencias, y al momento de aplicar la ley a personas que efectivamente habían causado graves perturbaciones del orden público, el Gobierno no solo se ha encontrado con una fuerte oposición interna, aún de órganos de Estado, sino que se ha visto enfrentado a un torrente de condenas internacionales contra el país como no se había dado en más de una década.
Lo grave es que ante el fiasco que enfrenta al procesar a los desórdenes de Suchitoto, el Gobierno quiere la emisión de un nuevo decreto con características similares a la de la ley que ha creado el problema.
Probablemente la próxima mala experiencia llegue con la “Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja”, una ley totalmente innecesaria, como también lo señalamos antes, que no reprime ni el crimen organizado ni delitos de realización compleja, sino que tiene la intención de juzgar por tribunales especiales (y muy dudosos) y aumentar la pena a delitos ya contemplados en el Código Penal.
La legislación penal necesita ser revisada y se ha iniciado el esfuerzo de elaborar nuevos proyectos de Códigos Penal y Procesal Penal que sustituyan a los actuales, que han dado malos resultados; pero mientras, debe acabarse la emisión de nuevas leyes que tienen la intención de intimidar a potenciales delincuentes con penas altas. No intimidan a nadie, porque lo importante es que la ley se cumpla, no que la haga más severa.
El problema de la falta de seguridad pública de este país solo se solucionará cuando las leyes se cumplan y los infractores vean que existe una efectiva sanción por sus delitos. Pero los problemas no pueden solucionarse si no se reconocen, diagnostican en sus causas y se toman las medidas prácticas, y en esto el Gobierno nos hace sentirnos descorazonados.
Cuando se realiza una investigación seria y documentada sobre las fallas de la justicia penal en El Salvador, que revela datos horribles, como era de esperar, pero que revela las fallas en la cadena del sistema institucional de persecución del delito, indicando dónde deben atacarse los problemas, el Gobierno reacciona con gran molestia. Sin exhibir datos que contradigan los del estudio, funcionarios públicos vociferan que está desactualizada y critican a dos profesionales serios y decentes que han hecho un trabajo concienzudo y de buena fe. Una oficina internacional queda desprestigiada y el Gobierno, que no puede tapar el sol con un dedo, pierde credibilidad"

Jaime Menéndez dijo...

Don Ernesto:

Una pequeña correción: es UNO (Unión Nacional Opositora) y no ONU.

Saludos,