Conversaciones con Neto Rivas

INDICE

(Edición de hoy: 2,790 palabras)

Pensamiento. René Jerónimo Favaloro
Una esquina especial dedicada al nuevo fideicomiso
El Salvador, país de mayor crecimiento turístico
Defendiendo lo suyo.
Los problemas de pederastia de la Iglesia Católica
Mejora la gobernabilidad del país
Comentarios


Hoy es el primer día del resto de mi vida


EL PENSAMIENTO DEL DÍA

“Proceder con honestidad en aras de la dignidad del hombre es el compromiso más trascendente en nuestro corto paso por este mundo”.

René Gerónimo Favaloro (1923-2000) Famoso cardiólogo argentino, creador de la técnica de bypass.


UNA ESQUINA ESPECIAL DEDICADA AL NUEVO FIDEICOMISO

Como lo ofrecí, y con la debida autorización del autor, transcribo a continuación la opinión del Dr. Abraham Rodríguez, reconocido abogado constitucionalista, sobre la “Ley del Fideicomiso de Obligaciones Provisionales”, que él presentó al Instituto Iberoamericanos de Derecho Constitucional en un evento realizado el sábado 14 de julio, que trató sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto que creó el fideicomiso. Similares opiniones fueron planteadas en el mismo foro por otros distinguidos abogados constitucionalistas.


INCONSTITUCIONALIDAD DE LA
“LEY DEL FIDEICOMISO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES”

I. La deuda Previsional es deuda del Estado, así lo reconoce el considerando V de la Ley al decir: “V.- Que la deuda Previsional que el ESTADO TIENE con los Afiliados a los Sistemas de Ahorro para Pensiones y de Pensiones Públicos (sic) debe gozar de las mayores garantías que el mismo Estado pueda proporcionar.”

II. La Ley ordena que el Ministerio de Hacienda (es decir EL ESTADO), el Instituto Nacional de Empleados Públicos, y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, constituyan un “Fideicomiso de Obligaciones Previsionales”, en efecto el inciso primero de la Ley dice:

“Objeto de la Ley. Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto que el Ministerio de Hacienda , el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, constituyan, por plazo indeterminado, un Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, cuyo fiduciario será el Banco Multisectorial de Inversiones. Otras personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, podrán realizar aportes al patrimonio del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.”

El Ministerio de Hacienda (es decir EL ESTADO) el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Instituto de los Empleados Públicos son los FIDEICOMITENTES (o sea que EL ESTADO es FIDEICOMITENTE) el Banco Multisectorial de Inversiones es el FIDUCIARIO y el ISSS y el INPEP son los FIDEICOMISARIOS, en efecto, los incisos 2º. y 3º del Art. 1 de la Ley, dicen:

“Se autoriza al Ministerio de Hacienda, al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, para actuar como Fideicomitentes del citado Fideicomiso. Asimismo y de conformidad a la Ley de creación del Banco Multisectorial de Inversiones, quien tiene facultades para constituir y/o administrar Fideicomisos; en consecuencia, designase y facultase expresamente a dicho Banco para desempeñarse como ente Fiduciario del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, con el fin de administrar tal fideicomiso con las necesarias y plenas facultades de gestión. También se entenderán atribuidas al Banco Multisectorial de Inversiones las facultades que sobre esta materia establece el Código de Comercio.”

“Los Fideicomisarios del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales serán el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos.”

III. El Fideicomiso se constituye para pagar “la deuda Previsional que el Estado tiene con los afiliados al ISSS y al INPEP, por ello el Art. 3 de la Ley dispone:

“Objeto del Fideicomiso

Art. 3.- El Fideicomiso tendrá por objeto atender exclusivamente las obligaciones que se generen del sistema previsional, para lo cual podrá emitir Certificados de Inversión Previsionales. Los fondos que se obtengan una vez realizada la colocación de los Certificados de Inversión Previsionales serán destinados por parte de los fideicomisarios, únicamente para los fines establecidos en el artículo 16 de esta ley.”

Y el Art. 7 agrega “ Art. 7.- Serán obligaciones del fiduciario(el Banco Multisectorial de Inversiones): 4. Previa autorización del Consejo de Administración del Fideicomiso deberÁ emitir los certificados de Inversión Previsionales a que hace referencia la presente ley”.

IV.- Las AFP adquirirán (imperativo) los certificados de Inversión Previsional, así lo dice el Art. 17:

“Art. 17.- Las AFP adquirirán, como inversión de los Fondos de Pensiones, los certificados de Inversión Previsionales en las condiciones que indique la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.”

V. Los Certificados de Inversión Previsional son títulos valores que deben pagarse con el Patrimonio del Fideicomiso por parte del FIDEICOMISARIO, pero si no alcanzan ¿Quién paga? El ESTADO, porque así lo dice el Art. 6 No. 3 que se lee:

“Art. 6.- Serán obligaciones de los Fideicomitentes (entre los que está el ESTADO, ver No. II de estas notas): “3.- Proporcionar al Fiduciario (el BMI) los bienes y derechos necesarios para cumplir los compromisos del mismo (pagar los CIP) haciendo las aportaciones que sean necesarias.”

Como puede verse, con claridad meridiana, el Estado está obligado a hacer “las aportaciones que sean necesarias” para que el Fiduciario (Bmi) pueda “cumplir los compromisos del mismo (pagar los CIP), de manera que por Ley el Estado es garante del pago de los CIP.

VI. El Art. 148 de la Constitución dice:
“Art. 148.- Corresponde a la Asamblea Legislativa facultar al Órgano Ejecutivo para que contrate empréstitos voluntarios, dentro o fuera de la República, cuando una grave y urgente necesidad lo demande, y para que garantice obligaciones contraídas por entidades estatales o municipales de interés público.

Los compromisos contraídos de conformidad con esta disposición deberán ser sometidos al conocimiento del Órgano Legislativo, el cual no podrá aprobarlos con menos de los dos tercios de votos de los Diputados electos.

El decreto legislativo en que se autorice la emisión o contratación de un empréstito deberá expresar claramente el fin a que se destinarán los fondos de éste y, en general, todas las condiciones esenciales de la operación.”

De la disposición transcrita, se desprende que le corresponde a la Asamblea Legislativa: a) Facultar al Órgano Ejecutivo para que contrate empréstitos voluntarios dentro o fuera de la República, cuando una grave y urgente necesidad lo demande, y b) Para que (el Estado) garantice obligaciones contraídas por entidades estatales o municipales de interés público.

El Banco Multisectorial de Inversiones es una entidad estatal de interés público y como el Estado es garante del pago de los CIP emitidos por el BMI (Ver V de estas notas), no hay duda que la Asamblea Legislativa debió facultar al Estado para adquirir esta obligación de acuerdo al Art. 148 de la Constitución, y como no lo hizo la Ley en concreto es inconstitucional.

Aclaro lo siguiente:

De acuerdo a inciso primero del Art. 148 de la Constitución, la Asamblea Legislativa primero faculta al Órgano Ejecutivo para contratar “Empréstitos voluntarios” y una vez contratados, de conformidad al inciso 2º. de dicha disposición constitucional, el crédito contratado se somete a conocimiento “del Órgano Legislativo, el cual no podrá aprobarlos con menos de los dos tercios de votos de los Diputados electos.”

Como es de conocimiento de todos los estudiosos de la Constitución, cuando el empréstito es a través de títulos valores, con los certificados de Inversión Previsional, la Asamblea Legislativa debe facultar al Órgano Ejecutivo para emitir bonos, certificados de Inversión Previsional y cualquier otro título valor con el voto favorable de los dos tercios de los Diputados Electos, y como en el caso en estudio no fue así, no cabe duda que la “Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales” es evidentemente inconstitucional.

También aclaro: que como el Estado es garante del Fiduciario para pagar los CIP, es deudor solidario, aquí la solidaridad no nace de un contrato sino de la Ley, porque como ya se explicó antes – el Art. 6 No. 3 de la Ley obliga al Estado como Fideicomitente, a hacer “las aportaciones que sean necesarias”, para que el Fiduciario “cumpla con los compromisos del mismo”, o sea pagar los CIP. Luego, siendo el Estado codeudor, dicha deuda debe ser aprobada cumpliendo con el Art. 148 de la Constitución y al no hacerlo es inconstitucional la Ley estudiada. Art. 1382 C Inc. 2o. y 3o.


COMENTANDO LA NOTICIA

EL SALVADOR PAÍS DE MAYOR CRECIMIENTO TURÍSTICO

La revista digital Latin Business Chronicle, en su edición del 16 de julio trae una noticia que deberá de llenar de orgullo a Rubén Rochi, el ministro de turismo y a todos los salvadoreños. Según la revista, El Salvador fue el país que experimentó mayor crecimiento en los ingresos por turismo, que aumentaron en un 46.5 por ciento en 2006, más que cualquier otro país en América Latina, de acuerdo a un análisis de la revista de los datos ofrecidos por la Organización Mundial de Turismo (WTO). También este año el país está experimentando un aumento sustancial, aunque la revista no lo cuantifica.

No obstante, en su página Web, WTO ofrece algunos indicios sobre el comportamiento de la industria este año, que podrán dar una idea de la proyección para El Salvador. Dice WTO: “Las Américas, con un aumento general de 4 por ciento, iniciaron el año 2007 duplicando los resultados del año pasado”. Agrega que la región “se benefició por el desempeño ‘estelar’ de América Central, que creció en un 7 por ciento”. Pronto tendremos noticias sobre la participación de El Salvador en es porcentaje de aumento.

Sin duda, el aumento que estamos percibiendo en el país se debe, en mi criterio, principalmente a varios factores, entre los que destacan: una mayor oferta (Decamerón, por ejemplo, atrae una cantidad muy sustancial de turistas durante todo el año); mayor disponibilidad de fondos provenientes del impuesto de turismo, que han permitido una mejor promoción y al excelente desempeño en el cargo del ministro Rubén Rochi. (Tecleño tenía que ser)


DEFENDIENDO LO SUYO

La cúpula y los diputados del PCN se reunieron a puerta cerrada para ponerse de acuerdo en cómo van a justificar la falta de auditoria de la Corte de Cuentas, por 15 años. Pero no encontraron argumentos de mayor peso.

Los argumentos que encontraron los políticos, después de horas de reunión, “van desde la falta de fondos para contratar la auditoria, hasta los problemas originados en la misma legislación, vigente desde 1996, y que obliga la ejecución de una auditoria anual en la entidad”.

Pero el argumento que más se repita y que el mismo presidente de la Asamblea esgrime con mayor facilidad es la falta de fondos. En realidad eso no tiene mucho sentido y es un argumento sumamente débil.

El diputado Merino, dice que cuando se creó la ley de la Corte de Cuentas, en 1995, no se analizó que es la misma institución la que fiscaliza y autoriza a las empresas auditoras, una de las cuales ahora tendría que auditarla. Bueno, pero eso no es motivo para que no la auditen. De hecho ya había un contrato con una firma de auditoria que nunca se implementó.

Pero donde me equivoqué de punta a punta, fue cuando escribí ayer “Todo esto augura y huele. Intereses políticos partidarios y personales están en pugna y aquí todos ellos van a quedar muy mal parados”.

Ya los actores del drama fumaron la pipa de la paz. Según cuenta el presidente de la Corte, el Fiscal lo llamó y que resolvieron lo que él llama “impasse” que había surgido. Y, aquí señores, no ha pasado nada.

No obstante, vale la pena hacer un poco de historia sobre lo que sucedió. El Fiscal Safie, el viernes pasado, en una entrevista por la mañana en la radio 102.9 arremetió contra la Corte de Cuentas, porque nunca era auditada.

El presidente Contreras de la Corte, fuera de sus casillas, hizo publicar, el lunes, en los principales medios escritos del país, un campo pagado en el que arremetía con todas sus fuerzas contra el Fiscal.

Raramente se ve en nuestro ambiente un pronunciamiento en términos tan fuertes como los que usó el presidente de la Corte de Cuentas, sobre todo tratándose de responderle a otro funcionario de importancia jerárquica del gobierno, quien a su vez, había usado términos muy fuertes contra la institución que preside el Dr. Contreras.

Algunas frases del repertorio usadas por ambos funcionarios; el Fiscal: “La Corte de Cuentas que es un foco de mala administración”; “Nunca los auditan, ni se dejan auditar”;”. . . ( en la Corte) nadie sabe qué pasa”. El presidente de la Corte: “Ante las irresponsables declaraciones vertidas por el Fiscal. . .”; “. . . común opositor al sistema establecido”; “Es verdaderamente pueril y reflejo de una manifiesta inmadurez. . . .”

Pero, en política todo es posible.


SOBRE LOS PROBLEMAS DE PEDERASTIA DE LA IGLESIA CATÓLICA

Roberto Funes, un nuevo lector de este espacio -quien invitamos a que nos visite con frecuencia- envió un comentario ayer, que transcribo parcialmente: “Me gustaría saber cuales son sus comentarios acerca de la demanda de 660 millones de dólares que perdió la iglesia católica en los Estados Unidos. Obviamente he visto que en nuestros principales medios esta noticia ni se le vio la sombra. ¿Será que la Iglesia Católica tuvo algo que ver?”

También recibimos otro comentario sobre el mismo tema de un lector anónimo, que parcialmente dice: “La Iglesia Católica y sus defensores (incluyo al Sr. Rivas) son tapasoles con dedos expertos, pero solo en El Salvador. En el resto del mundo, la Iglesia Católica está sufriendo de una baja en feligreses espeluznantes”.

Las compensaciones para cubrir las demandas por pederastia en la Iglesia Católica de Estados Unidos, suman más de mil millones de dólares. Lo que llama la atención en estos vergonzosos casos es que las investigaciones se concentraron en la Iglesia Católica y en ninguna otra. El probable que el celibato sacerdotal haya sido el responsable de la conducta pecaminosa de los que incurrieron en esa grave falta.

En otros países, particularmente en América Latina, las investigaciones y amonestaciones han sido muchísimas menos y en el caso de El Salvador, solo he sabido de dos sacerdotes amonestados, a pesar que las faltas tendrán que haber sido muchas.

Durante el año 2002, cuando los resultados de las investigaciones comenzaron a ser públicos, escribí varios artículos alrededor del escabroso tema, los que responden la interrogante del lector anónimo.

Comencé la serie de artículos el 28 de abril de ese año, cuando escribí en LA PRENSA GRÁFICA, “La Iglesia Romana en Crisis”. Lamentablemente el vínculo a la edición del periódico de ese día no funciona. Sin embargo, si mis amigos tienen interés en conocer su texto, con todo gusto se los envío.

Continué con la publicación, el 5 de mayo de “¿Deben los Sacerdotes Mantenerse Célibes?, seguida de un artículo en dos entregas, el 19 y 26 de mayo, 2002, “La Planificación Familiar y la Iglesia Romana” continuaba el 26 del mismo mes. El 2 de junio publiqué ¿Mujeres Sacerdotes?; el 9 de junio “Los Obispos se Reunen” y finalicé la serie con la publicación el 7 de julio de 2002 de “Pedofilia y Homosexualidad” .

Estoy seguro que la lectura de esos artículos aclarará muchos conceptos, entre ellos, mi posición personal respecto al problema.


MEJORA LA GOBERNABILIDAD DEL PAÍS

EL MUNDO publicó el 10 del corriente mes una nota titulada “El Salvador Mejor Combate a Corrupción” en el que cita un estudio del Banco Mundial sobre gobernabilidad en general, “La Gobernabilidad Importa”. Movido por la curiosidad, he incursionado en ese estudio y para mi sorpresa, el Banco Mundial califica bastante bien al país, en cuanto a la mayoría de los parámetros se refiere. El banco califica los siguientes seis siguientes rubros: Voz (del pueblo) y responsabilidad (accountability); estabilidad política; efectividad del gobierno; calidad reguladora; imperio de la ley y control de la corrupción.

Para el Banco Mundial, la gobernabilidad consiste de tradiciones e instituciones por medio de las cuales se aplica la autoridad en un país. Esto incluye la capacidad de un gobierno de formular efectivamente e implementar políticas sólidas, el respeto a los ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones que gobiernan la interacción económica y social.

Las gráficas que podrán ver en el enlace muestran el desempeño del país hasta el año pasado, en los seis parámetros mencionados en el párrafo anterior. Entre más altos sean los valores mejor es la gobernabilidad del país. No parece que estemos mejorando en todas las áreas y, en cambio, hay un deterioro notable en lo que respecta al imperio de la ley. El año que el país gozó de mejor estabilidad política, según el banco, fue el 2000. Y, efectivamente, como lo reportó EL MUNDO, en el área que más hemos progresado es en el combate a la corrupción.

Se me ocurre que está estadística está influenciada por los casos de corrupción que han sido perseguidos, particularmente el de Carlos Perla y la limpieza que Saca ha hecho en ciertos cargos de su gabinete de gobierno.

Hasta mañana, si Dios quiere.

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