Conversaciones con Neto Rivas

LA COLUMNA DEL DOMINGO


EL SALVADOR, QUINCE AÑOS DESPUÉS

Ernesto Rivas Gallont

Hemos avanzado y de eso no hay duda. Todavía el camino a recorrer es largo y difícil, pero con la vigilancia del pueblo y la expresión de su voluntad en las urnas, continuaremos avanzando, hasta lograr una democracia identificable como tal por todos los ciudadanos.

Venimos de ser testigos de las celebraciones nacionales e internacionales del 15º aniversario de la firma de los acuerdos de paz, el 16 de enero de 1992, en el histórico Castillo de Chapultepec, en México. La ocasión fue memorable, por cuando ese día se puso fin a 12 años de guerra fraticida que habían enlutado a El Salvador, habían dividido la sociedad por la mitad, causado millares de muertes y fracturado la economía nacional.

Muchos han argumentado, que la paz no ha llegado después de 15 años, pero yo he insistido que El Salvador de hoy es un país mejor de lo que era antes del conflicto. El país ha cambiado significativamente desde entonces y las instituciones básicas han mejorado, si las comparamos con las de antaño. Pero, tampoco está tan bien como el gobierno de ARENA nos quiere hacer creer.

Los insurgentes del FMLN depusieron las armas y abandonaron su estrategia de cambios por la fuerza, por la de cambios por el voto. Hoy, el FMLN es uno de los dos partidos mayoritarios del país, segundo, por un pequeño margen en la Asamblea Legislativa y un legítimo contendiente para la conducción del país. Su presencia en los gobiernos municipales es significativa, si bien no tanto como lo fue en años anteriores.

ARENA, continúa por cuarto período controlando el Órgano Ejecutivo y con influencia decisoria en los otros Órganos del estado, aliado con partidos políticos oportunistas. La proliferación de partidos políticos pequeños y su inhabilidad de lograr consenso entre ellos, no ha permitido la creación de una tercera fuerza significativa.

Los acuerdos de paz son responsables por la creación de instituciones que contribuyen en el fortalecimiento de la democracia. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, organismo muy criticado por la derecha que no ha logrado comprender cuál es su verdadera función, pero que, a pesar de no tener el apoyo presupuestario que merece, hace lo que puede con lo que tiene.

La Policía Nacional Civil, creada a regañadientes, que vino a sustituir a los ignominiosos cuerpos de seguridad de los regímenes militares, hace esfuerzos concentrados para superar sus problemas de fondo y ha logrado constituirse en un cuerpo influyente, a pesar de su incapacidad de hacerle frente a la ola de crimen y violencia está socavando la fibra social de la nación.

El ejército nacional, hoy sometido, como debe ser, a la autoridad civil, cumple funciones propias de su mandato y contribuye en obras de beneficio a la comunidad. Es notable, que ni los enemigos de antaño critican ahora la estructura ni el desempeño de la fuerza armada.

El Tribunal Supremo Electoral, no ha cumplido con la función para la que fue creado, pues adolece del grave problema de ser un ente eminentemente político, aunque ha sabido vigilar objetivamente los procesos electorales que se han dado desde su fundación. Sin embargo, su estructura debe ser modificada de fondo para que pueda adecuarse a la realidad política.

El Código Electoral, cede el control del Tribunal a los partidos políticos, más específicamente, a los más grandes, los que, a su vez, controlan la presidencia y posiciones claves en el Tribunal, convirtiéndolo así en una entidad eminentemente política.

COPAZ, la comisión creada por los acuerdos tuvo en sus manos proponer reformas de fondo al sistema electoral. Sin embargo, COPAZ decidió no recomendar cambios en la forma que son electos los representantes en la Asamblea Legislativa, perpetuando así un sistema que es culpable de un proceso legislativo injusto y anticuado, que mayormente ignora la voluntad popular.

En nuestro país, nosotros los votantes no elegimos a nuestros representantes en el Congreso. En las elecciones, votamos por el partido político de nuestra preferencia, el que, a su vez, escoge a los individuos que lo van a representar, sin importar su sitio de origen o residencia, ni su capacidad intelectual.

Este ilógico, pero tradicional, sistema de administración de asuntos legislativos, ha resultado también en que los partidos tradicionales se han convertido en “propietarios” de otros organismos gubernamentales, cuyos responsables son nombrados por el Congreso, como la Corte de Cuentas, el Fiscal General, el Tribunal Electora y otros.

Los esfuerzos de organizaciones como MIRE y otros similares, han caído en oídos sordos, porque aceptar las modificaciones al sistema electoral parlamentario equivaldría a un “suicidio político” que pondría fin al clientelismo y al mismo sistema.

No tener que responder a los votantes, hace que todo lo que necesita un diputado, es ser obediente a su partido y a la jerarquía, con el resultado obvio que el partido, sin importarle la demanda popular y cediendo a presiones de grupos de interés, decida cómo votarán las leyes nacionales.

Uno de los mayores logros han sido las libertades de que goza el pueblo salvadoreño. La libertad de pensamiento, manifestada en la prensa, en la libertad de expresión y de disensión sin temor, que se nos negaron durante cincuenta años de regímenes dictatoriales, han sido instituidas y funcionan.

Hoy podemos movernos, entrar y salir del país sin restricciones y el temor de ser expatriado por decisión del gobierno ha desaparecido.

Pero no todo es color de rosa. La violencia y el crimen, que han colocado a El Salvador, a la cabeza de los países más violentos del hemisferio, han causado tal desasosiego que todos los ubicamos como los problemas más apremiantes del país.

Hasta ahora, las medidas que ha tomado el gobierno para frenar esa ola de violencia, no han producido efecto alguno y, lejos de eso, los niveles han aumentado sensiblemente. Cerca de 4,000 asesinatos en 2006 hablan muy fuerte del deterioro de la tranquilidad que hace tiempos perdimos.

Tampoco ha habido progreso en otras condiciones necesarias para la convivencia en paz y democracia, como justicia social, combate frontal a la pobreza, justicia económica además de la violencia. La corrupción parece marchar incontenible, a pesar de los avances que ha habido en combatirla, gracias a las condiciones establecidas para beneficiarnos de los fondos provenientes de la Cuenta del Milenio, que ya fueron autorizados por Estados Unidos.

La pobreza y el subdesarrollo, que también son señalados como incumplimiento de los acuerdos de paz, no son de entera culpa de gobiernos; pero de ellos es la responsabilidad de enfrentarlos. Cierto, si en El Salvador hubiera mayor justicia económica, algo se hubiera podido aliviar el problema, pero estaríamos todavía aun muy lejos de superar el subdesarrollo.

Los detractores y eternos inconformes quisieran ver a El Salvador convertido en una Suiza, pero estamos muy distantes de serlo y pasarán varias generaciones antes que podamos decir que hemos cumplido con los propósitos enumerados en los acuerdos de paz.

Hemos avanzado y de eso no hay duda. Todavía el camino a recorrer es largo y difícil, pero con la vigilancia del pueblo y la expresión de su voluntad en las urnas, continuaremos avanzando, hasta lograr una democracia identificable como tal por todos los ciudadanos.

San Salvador, enero 21, 2006


Hasta el lunes, si Dios quiere