Conversaciones con Neto Rivas

LA COLUMNA DEL DOMINGO

LA RUEDA DE MOLINO EN NUESTRO CUELLO

Ernesto Rivas Gallont

Las frecuentes denuncias públicas agregadas a la resistencia del Órgano Legislativo de someterse a una auditoria de fondo, resultan en serias dudas sobre su desempeño y sobre sus prácticas administrativas evidentemente viciadas. No todos los diputados caben en este cuestionamiento, pero la falta de voluntad de éstos para corregir desde adentro lo que está podrido, los hace corresponsables de los malos manejos de la cosa pública.

Los salvadoreños caminamos con una rueda de molino al cuello, llamada corrupción, que tenemos que sacudir, si hemos de progresar. El Departamento de Estado de Estados Unidos, el Banco Mundial, el BID, la Comunidad Europea, todos nos increpan y nos advierten que si no detenemos la galopante corrupción la ayuda y, aun los fondos de la Cuenta del Milenio se verán seriamente comprometidos o, peor todavía, no vendrán. Mientras tanto, se han promulgado códigos de ética para el legislativo y el ejecutivo, y se ha creado un Tribunal de Ética Gubernamental. Aunque estos no resolverán el problema de probidad en el país, si no existe buena voluntad de aplicar estrictamente los primeros y darle mayores facultades al Tribunal.

Nuestra Asamblea Legislativa y la también nuestra Corte Suprema de Justicia se ven bajo el severo escrutinio de los medios y, lo que es más importante, de los ciudadanos que pagamos sus sueldos (y los de sus bien remunerados asesores) Al fondo de los problemas que agobian a estos órganos del Estado está su total indiferencia hacia la opinión pública, que resulta de una falta absoluta de responsabilidad, que obliga a sospechar la presencia de corrupción en gran escala. La evidencia que tenemos a la vista pareciera ser la punta del iceberg que esperamos descubrir en su totalidad con el apoyo de la bien justificada presión ciudadana.

El Ejecutivo es otra historia. Nadie tiene acceso alguno a sus registros contables, aunque la evidencia de malos manejos es bien evidente.

Afortunadamente los salvadoreños tenemos ahora un periodismo investigativo valiente que nos mantiene informados de aquellas anomalías que saltan a la vista, pero aun no ha sido posible determinar, en toda su extensión, todo lo que ocurre en estos órganos del Estado con el manejo de sus cuantiosos presupuestos.

Las frecuentes denuncias públicas agregadas a la resistencia del Órgano Legislativo de someterse a una auditoria de fondo, resultan en serias dudas sobre su desempeño y sobre sus prácticas administrativas evidentemente viciadas. No todos los diputados caben en este cuestionamiento, pero la falta de voluntad de éstos para corregir desde adentro lo que está podrido, los hace corresponsables de los malos manejos de la cosa pública.

En cuanto a la Suprema Corte, responsable sin posibilidad de evasión, de la legendaria mala administración de justicia en nuestro país, se ve ahora envuelta en mala o perversa administración de los recursos del Estado desde sus intestinos administrativos.

Nuestro sistema pide reformas a gritos, comenzando por su sometimiento a auditorias responsables y despolitizadas. Todo funcionario público, no solo aquellos quienes caben en la caprichosa y mal intencionada definición de nuestros legisladores, deben sujetarse a las leyes que buscan establecer un sistema probo, por muy difícil de alcanzar que sea. Sabemos que cambios radicales son imposibles por mucho que su necesidad sea obvia, pero los ciudadanos no podemos dejar de protestar y de mantenernos vigilantes ante un sistema que causa estupor por el cinismo y prepotencia de muchos funcionarios.
Fusades, el “tanque deliberativo” más relevante del país, opinó en “Tres conceptos jurídicos fundamentales a la democracia”, publicado en un boletín de su departamento de estudios legales hace un par de años, que la institucionalidad de la Nación se vulnera, “cuando el Órgano Legislativo, en vez de deliberar sobre la conveniencia o inconveniencia de la aprobación de leyes, asume el carácter de un lugar de negociaciones particulares.” La misma publicación destacaba la falta de seguridad jurídica en el país de la cual depende el orden, la armonía y la justicia que debe haber en una sociedad.

El estudio de Fusades, de cuyo contexto he extraído las conclusiones mencionadas, no llega a concluir (ni es su intención hacerlo) que la raíz de los muchos males citados en él, es la corrupción que agobia a nuestros institutos fundamentales. Pero basta su lectura para concluir que la corrupción es parte importante de los problemas que la publicación analiza.

Una declaratoria abierta de guerra contra la corrupción pasa por corregir errores fundamentales de nuestro sistema electoral. Los ciudadanos no podemos hacer mucho directamente respecto a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero sí podemos demostrar nuestra antipatía hacia la forma tradicional, vertical y poco democrática en que son escogidos y eventualmente electos los diputados a la Asamblea Legislativa. Debemos exigir que se nos permita a nosotros esa prerrogativa ciudadana que reafirmaría la determinación de los gobernantes de instituir un estado de derecho bien entendido en el país.

San Salvador, domingo 30 de marzo de 2008


Lea mañana en este espacio nuestro editorial semanal, El COENA que ARENA Necesita. También lea, Por Andar Creyendo en Pajaritos Preñados, El Silencio Ominoso del Fiscal General en el Caso de Katyia Miranda y mucho más.

Hasta mañana, si Dios Quiere